Llevan alcaldes de Metepec y Tenancingo juicios penales a ritmos diferentes
Mientras el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández enfrenta una nueva etapa procesal por abuso de autoridad, la investigación contra Nancy Nápoles , alcaldesa de Tenancingo, por la presunta simulación de su secuestro exhibe otro ritmo judicial. El contraste abre interrogantes sobre el respaldo político, la rendición de cuentas y la exigencia de justicia.
La justicia mexiquense enfrenta dos casos que colocan bajo escrutinio a gobiernos municipales y sus respectivos entornos políticos. Por un lado, Fernando Flores Fernández, alcalde panista de Metepec, encara las consecuencias legales de su intervención en un conflicto ocurrido en el Club Deportivo La Asunción. Por otro lado, Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal morenista de Tenancingo, enfrenta una investigación por la presunta simulación de su propio secuestro.
Ambos expedientes avanzan por rutas distintas, pero comparten una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes ejercen el poder?
Este lunes 12 de octubre se realizó una nueva audiencia en el proceso penal contra Flores Fernández, en la que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) busca avanzar hacia la formulación de la acusación por abuso de autoridad. Se determinó abrir un nuevo periodo de 20 días para probar si se utilizó el cargo público y elementos de seguridad municipal, determinantes para fincar responsabilidades por abuso de autoridad.
El origen del expediente se remonta al 4 de junio, cuando el alcalde acudió al Club Deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados, en medio de un conflicto familiar. La Fiscalía sostuvo que habría utilizado su cargo y recursos humanos y materiales del Ayuntamiento para intervenir en el lugar. Esos señalamientos derivaron en una imputación por abuso de autoridad y lesiones; posteriormente, las partes alcanzaron un acuerdo reparatorio por el delito de lesiones, por lo que el procedimiento continuó por abuso de autoridad.
El 9 de julio, un juez de control vinculó a proceso al presidente municipal panista al considerar que existían datos suficientes para continuar la investigación. La resolución no declaró su culpabilidad, pero sí estableció que debía enfrentar la siguiente etapa del procedimiento. Flores permaneció en libertad, con medidas cautelares que incluyen presentarse periódicamente ante la autoridad y no acercarse al club ni a las víctimas.
En el terreno político, Flores ha mantenido su postura de no solicitar licencia y continuar al frente del Ayuntamiento mientras se defiende ante los tribunales. Esa decisión le permite conservar el ejercicio del cargo, aunque el proceso penal siga abierto. Frente a este caso, especialistas consultados por Capital Edomex exigen determinar si el poder político debe traducirse en una mayor exigencia de transparencia cuando uno de sus representantes enfrenta acusaciones de esta naturaleza.
Con ello, aparece el contraste con el panismo mexiquense. Los estudiosos del caso indican que, si bien el respaldo partidista a un alcalde sometido a proceso puede presentarse como una defensa de la presunción de inocencia, también es legítimo preguntar si esa solidaridad política viene acompañada de exigencias claras de rendición de cuentas.
Para afirmar que existe una operación de la cúpula panista destinada a librar a Flores de sus responsabilidades se necesitan pruebas concretas de su inocencia. Sin ellas, lo que sí puede examinarse es la diferencia entre el discurso político y las obligaciones institucionales, más aún cuando la cúpula panista mexiquense hace uso de la presión mediática para colocar el caso de la alcaldesa de Tenancingo como una moneda de cambio. Si uno es responsable, el otro también, parece ser la dinámica en la que se mueven.
El caso de Tenancingo
Tiene una cronología distinta y señalamientos de mayor alcance financiero. La Fiscalía mexiquense informó en junio que investigaba la presunta simulación del secuestro de la alcaldesa Nancy Nápoles, ocurrido el 31 de mayo. De acuerdo con la hipótesis ministerial, el supuesto plagio habría sido planeado para exigir 40 millones de pesos y justificar un presunto faltante de recursos municipales por la misma cantidad.
El 17 de junio, la FGJEM informó que había ejercido acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con el caso. Entre ellas se encontraba la propia presidenta municipal, mientras que también se reportaron detenciones y órdenes de aprehensión contra personas señaladas como posibles participantes. La investigación abrió una línea de cuestionamiento sobre el manejo de los recursos públicos y la posible utilización de un delito grave para encubrir irregularidades financieras.
El 22 de junio, un juez vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, señalados por su probable participación en la simulación del secuestro. Ambos quedaron sujetos a prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Esa resolución correspondió a los dos imputados.
La situación procesal de Nápoles tuvo un nuevo capítulo el 9 de julio, cuando acudió a una audiencia de formulación de imputación. La diligencia se desarrolló de manera privada, debido a que la difusión de ciertos datos podría afectar las investigaciones y el debido proceso. La Fiscalía sostuvo sus señalamientos, mientras la alcaldesa rechazó las acusaciones y sostuvo que era víctima de una persecución política, sin que a la fecha se hayan presentado más elementos de carácter público.
A diferencia del expediente de Metepec, en Tenancingo la investigación se relaciona con la presunta simulación de un secuestro y un posible faltante de 40 millones de pesos, además de las responsabilidades individuales que deberán acreditarse. El avance de las diligencias depende de las pruebas, las decisiones judiciales y la situación de los demás investigados, incluidos los señalados por la Fiscalía que permanecían prófugos.
La comparación también pone sobre la mesa una diferencia política: Flores pertenece al PAN, mientras que Nápoles llegó a la presidencia municipal bajo las siglas de Morena, que al día de hoy ostenta el gobierno de la República y del Estado de México.
Ante tales hechos, resulta cuestionable que la exigencia de rendición de cuentas pueda cambiar según el partido al que pertenezca el funcionario investigado. Si una fuerza política reivindica la legalidad cuando se trata de sus adversarios, debe sostener el mismo estándar cuando uno de sus integrantes enfrenta un proceso, es decir, debe aplicarse la justicia “con el mismo rasero”, exigen especialistas.
La presunción de inocencia protege a todas las personas; no puede convertirse en argumento para impedir el escrutinio público, del mismo modo que una imputación no autoriza a declarar culpable a nadie antes de una sentencia.
En Metepec, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió en La Asunción, por qué se consideró que existían elementos para vincular al alcalde a proceso y cuál será la postura definitiva de la Fiscalía. En Tenancingo, los habitantes merecen respuestas sobre el presunto faltante de recursos, las pruebas de la supuesta simulación del secuestro y el destino de las investigaciones. En ambos municipios, la transparencia debe ser compatible con la reserva de los datos que legalmente no pueden divulgarse y con el respeto a las víctimas y a las personas investigadas.
El desenlace de ambos expedientes aún está por verse. El proceso contra Flores puede marcar un avance importante hacia la acusación formal, mientras que el caso de Nápoles requiere verificar las resoluciones posteriores a las diligencias de julio. El contraste no debería medirse por quién consigue mayor respaldo partidista, sino por la capacidad de las instituciones para investigar sin privilegios, llevar las pruebas ante un juez y establecer responsabilidades conforme a derecho.
La pregunta que queda para el PAN, Morena y las autoridades mexiquenses es la misma: ¿defenderán la legalidad con idéntico rigor cuando el investigado pertenece a sus propias filas? O en plena carrera hacia las elecciones intermedias, privara el ojo por ojo; si cae el alcalde panista, también debe caer la alcaldesa morenista.
